Una escuela de primaria palestina construida con fondos de donantes europeos se enfrenta a la inminente amenaza de demolición por parte de las autoridades israelíes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Israel desestimara una petición para salvaguardarla, advierten hoy Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Acción contra el Hambre, organizaciones que trabajan en Territorio Palestino Ocupado.

La escuela de Al Muntar es la única que presta servicios a la comunidad beduina en las afueras de Jerusalén, en el Área C de Cisjordania, que ya ha sufrido destrucciones de propiedad en el pasado. La escuela corre el riesgo de ser demolida a partir del 1 de febrero, cuando caduca la orden judicial que lo protege contra la demolición. Actualmente, 33 alumnos de entre 5 y 11 años asisten a esta escuela, aunque debería haberse ampliado para recibir a más de 70 alumnos este año.

Esta última amenaza de demolición se produce cuando las cifras confirmadas por las Naciones Unidas y las agencias humanitarias revelan que 61 escuelas en Cisjordania se enfrentan a la demolición o han suspendido sus actividades.

Si se demuele la escuela Al Muntar, muchos de los niños pueden verse obligados a abandonar su educación, con las otras escuelas a varios kilómetros de distancia y solo accesibles a pie o en burro, más allá de un asentamiento israelí. El Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminó que la escuela era un intento de "crear hechos sobre el terreno", a pesar del servicio básico que aportan a la comunidad.

“Los ataques a las escuelas de Cisjordania son uno de los muchos elementos que conforman el entorno restrictivo que empuja a los palestinos fuera de sus tierras para dar paso a la expansión de los asentamientos israelíes”, señala Kate O'Rourke, directora nacional del Consejo Noruego para los Refugiados en Territorio Palestino Ocupado. “Los tribunales israelíes están amenazando con demoler esta escuela porque crea 'hechos sobre el terreno'. En realidad, estos hechos están siendo creados por los asentamientos ilegales, no por las escuelas palestinas, que son necesarias para garantizar el derecho fundamental de los niños palestinos a la educación”.

“Las escuelas palestinas existentes viven sobrecargadas y bajo presión y las autoridades israelíes no están emitiendo los permisos de construcción necesarios para las comunidades palestinas como la de Al Muntar. Ahora que, de nuevo, una escuela financiada por donantes está nuevamente en riesgo de ser demolida, hay que preguntarse dónde van a poder estudiar estos niños de forma segura”, afirma el director país de Acción contra el Hambre en Territorio Palestino, Gonzalo Codina.

En toda Cisjordania se han documentado innumerables amenazas a las que se enfrentan los niños palestinos simplemente al tratar de llegar a la escuela y disfrutar de su derecho básico a la educación. En 2016, se produjeron 256 violaciones relacionadas con la educación que afectaron a 29 230 estudiantes en Territorio Palestino Ocupado. Estas amenazas incluyen: amenazas de violencia y hostigamiento por parte de colonos o soldados israelíes en el camino a la escuela, actividad militar en sus escuelas o sus alrededores, militares o policías que arrestan y detienen a niños en sus aulas, pérdida de tiempo debido al cierre de una zona militar o de una zona de tiro, retrasos al cruzar los puntos de control, amenazas de destrucción y demolición de escuelas, así como el bloqueo de órdenes de paralización de obras y bloqueo de permisos de trabajo.

“El derecho fundamental de los niños a la educación está bajo una creciente amenaza. En el caso de Al Muntar, niños de hasta cinco años enfrentan un futuro que ha sido derribado ante sus ojos. Estos espacios seguros para que los niños aprendan deben estar protegidos, no destruidos. Hacemos un llamamiento urgente a los gobiernos y donantes internacionales para que aumenten la presión diplomática para evitar la demolición y la incautación de la infraestructura escolar”, asevera Jennifer Moorehead, directora de Save the Children en el país. Compilada

Las agencias humanitarias apuntan que estas demoliciones violan el Derecho Internacional Humanitario y el derecho básico de los niños a la educación, y socavan directamente por la asistencia brindada por la comunidad internacional a la población palestina para garantizar que los niños puedan ir a la escuela.