Solidaridad con la resistencia de la sociedad civil nicaragüense en el tercer aniversario de la crisis política y social

5 mayo, 2021
Noticias

Según datos de Human Rights Watch, La crisis de 2018 en Nicaragua provocó más de 300 muertes y 2.000 personas heridas, además de 1.614 personas privadas de libertad de forma arbitraria. Actualmente, todavía hay 126 personas presas políticas en condiciones inhumanas y sometidas a torturas físicas y psicológicas; más de 100.000 personas se han exiliado a lo largo de estos años a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos reportadas en el país -87.000 de ellas se encuentran en Costa Rica. Por otro lado, diferentes organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y periodistas siguen siendo perseguidas y hostigadas. El Gobierno ha cancelado sus registros legales, ha incautado sus bienes y destruido sus instalaciones.

En el último trimestre de 2020, el régimen de Daniel Ortega aprobó un paquete de leyes para perseguir a las organizaciones de sociedad civil; estas medidas pusieron en peligro el ejercicio de derechos humanos la participación, la asociación y la libertad de expresión. Estas medidas se unen a otras previamente aprobadas como la Ley de amnistía que pretende dejar impune las actuaciones de la policía y los paramilitares -que han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como responsables de crímenes de lesa humanidad, con cientos de muertes y lesiones desde el inicio de las protestas en abril de 2018-. Esta situación ha creado un escenario donde gobierna la impunidad y un marco jurídico que da legalidad a las diferentes formas de represión que han aplicado desde hace años.

Una de las leyes con mayor repercusión en el ámbito de las organizaciones sociales es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Esta ley ha sido calificada por el Parlamento Europeo y la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como inconstitucional, contraria a los convenios de DDHH e instrumento represor para silenciar no solo a quien critica al régimen, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera. Esto ha provocado la criminalización de las ONG tanto nacionales como internacionales. Esta ley establece multas, sanciones e incluso la intervención de bienes y activos de las personas; además, permite la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si el Gobierno considera que éstas intervienen en «cuestiones, actividades o temas de política interna».

La ley, que entró en vigor el 19 de octubre de 2020, está provocando la asfixia burocrática de las organizaciones, la implementación de tasas ilegales, requerimientos imposibles para organizaciones locales pequeñas y una fiscalización ilegal. Esta situación supone, entre otras consecuencias, la muerte civil de muchas organizaciones que trabajan con fondos de cooperación internacional. Algunas organizaciones han decidido no realizar la inscripción en el nuevo registro establecido por el Ministerio de Gobernación porque supondría autoincriminarse, porque pone en riesgo las vidas de su personal y de la población participante de sus acciones, y porque es una ley inconstitucional sobre la cual más de 60 organizaciones han presentado recursos de amparo que todavía no han sido resueltos.

A este contexto se añade que 2021 es un año electoral y, hasta la fecha, Daniel Ortega no ha cumplido ni dado ninguno de los pasos para asegurar que las elecciones se realizarán de manera, libre, justa y transparente. Más bien todo lo contrario, como refleja la propuesta de reformas electorales, donde se incluyen las medidas represivas que establecen las leyes recientemente aprobadas. Tampoco ha cesado la represión y mantiene intactas todas sus fuerzas parapoliciales.

Por la defensa y garantía de los derechos humanos en Nicaragua

Ante esta situación, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se solidariza con el pueblo nicaragüense en la búsqueda de memoria, justicia y libertad e instamos a los organismos internacionales, a la Unión Europea y al Gobierno de España a que velen por el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua. Además, no pueden ser reconocidas unas elecciones sin garantías en un contexto donde siguen existiendo personas presas políticas; personas exiliadas a las que no se puede garantizar un retorno seguro; persecución y hostigamiento a cualquier organización o persona crítica al Gobierno; donde se violan los derechos de asociación, participación política y libertad de expresión; y donde sigue reinando la impunidad de un gobierno acusado de crímenes de lesa humanidad.

Comunicado elaborado desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo.

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