A un año del inicio del conflicto en Nicaragua, pedimos que la comunidad internacional contribuya a la restitución de la democracia en el país y la aplicación de la justicia

El 18 de abril de 2019 se cumplió un año del inicio de la represión violenta y permanente por parte del Gobierno de Nicaragua contra el derecho a la protesta y a la movilización ciudadana.  Los últimos datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, de noviembre de 2018, situaban en 514 e número de personas asesinadas. El comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos denuncia la existencia de 779 personas encarceladas -–en muchos casos sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes-. Según un reciente informe de Naciones Unidas, 60.000 personas están hoy exiliadas fuera del país.

Paralelamente a la tortura y represión, el Gobierno de Nicaragua ha desarrollado una estrategia para limitar las libertades civiles y democráticas tratando de constreñir y criminalizar movimientos sociales juveniles y feministas, así como organizaciones de la sociedad civil. Desde diciembre de 2018, se ha retirado la personaría jurídica a 9 organizaciones incluyendo organismos como el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), se han clausurado varios medios de comunicación y encarcelado a periodistas.

Por todo ello, y partiendo del hecho de que los derechos de las personas son inalienables, desde la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo nos sumamos a las exigencias de la CONGDE:

1.- Fin de la represión, acoso y criminalización de las movilizaciones sociales.  Respeto al derecho de protesta y movilización, y a todos los derechos humanos de la población.

2.- Libertad inmediata de todos los presos y presas políticas de acuerdo al listado de la CIDH antes del 19 de abril, como exigen las madres y el comité de presos políticos de Nicaragua. Anulación de todos los procesos y sentencias judiciales en su contra.

3.- Garantía de la libertad de prensa y devolución de los medios de comunicación clausurados por el gobierno.

4.- Garantías para el retorno seguro de las más de 60.000 personas exiliadas fuera del país, principalmente en Costa Rica; donde se encuentran en una situación de grave crisis humanitaria.

5.- Inmediato retorno al país de las delegaciones internacionales de DDHH expulsadas por el gobierno en diciembre de 2018: la CIDH, el MESENI, el GIEI y la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU –OACNUDH-; y cumplimiento de todas sus recomendaciones por parte de las autoridades nicaragüenses.

6.-  Apoyo activo a procesos democráticos que garanticen la celebración de elecciones, en libertad, transparentes y con observación internacional.

7.- Cumplimiento del derecho a la justicia sin impunidad, derecho a saber la verdad, derecho a la reparación y a la no repetición.

8.- Garantía de que las fuerzas policiales respetan los derechos humanos y su deber de protección de la ciudadanía. Desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares y parapoliciales.

9.-Reapertura de las organizaciones nacionales de DDHH. Restitución de la personería jurídica y sus bienes a las ONG perseguidas. Reapertura de medios de prensa ocupados y confiscados.

10.- Solicitamos al Gobierno español que contribuya a la condena internacional de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y active los mecanismos en su mano para que los derechos humanos sean garantizados en Nicaragua y se aplique la justicia.

Nos sumamos a la ciudadanía nicaragüense que recuerda que:

¡En Nicaragua nada está normal!

Nicaragua está de luto… porque en abril nos duele respirar