La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía considera que el Sistema de Servicios Sociales en nuestra comunidad se debe constituir como un sistema de naturaleza, gestión y responsabilidad pública, que dé respuesta a las necesidades sociales: con garantía de igualdad de acceso, de trato, de calidad de las prestaciones y de condiciones laborales de las personas que los prestan; y lo desarrolle de manera sostenida: con financiación estable en el tiempo, donde se integren todos aquellos recursos, acciones y prestaciones necesarias para garantizar los derechos de la ciudadanía.

En este sentido, valora positivamente que hoy llegue al pleno del Parlamento Andaluz un documento que da relevo a una normativa con tres décadas de existencia, respondiendo así a los cambios sociales en la región y adecuándose a los derechos sociales recogidos en el actual Estatuto de Autonomía.

No obstante, considera que el texto final debe corregir algunas deficiencias observadas durante el proceso de elaboración:

• La Ley debe evitar la privatización y externalización de servicios, mejorando los mecanismos de transparencia en la provisión de servicios de la iniciativa privada, y en cualquier caso apostando por la provisión pública directa, tanto de las corporaciones locales como de la Junta de Andalucía.

• El proyecto carece de memoria económica que comprometa la financiación real, lo que dificulta que se garantice el derecho universal de todas las personas a los servicios, centros y prestaciones en condiciones de igualdad; y, sobre todo, deja en el aire este derecho cuando diferencia entre prestaciones condicionadas y prestaciones garantizadas. Para esta plataforma es fundamental que estas últimas no queden bajo el principio de estabilidad presupuestaria que introduce el proyecto de ley, y entre ellas deben figurar el servicio de ayuda a domicilio y la renta básica.

• Compromiso Social para el Progreso de Andalucía también considera inexcusable incluir como titulares del derecho a los Servicios Sociales a las personas extranjeras que, encontrándose en Andalucía, tengan la condición de exiliados, refugiados o apátridas de acuerdo con lo que se establezca en la legislación vigente y en los Tratados y convenios Internacionales y, en su defecto, con el principio de reciprocidad. Así mismo, es ineludible que quede reflejado con claridad las vías para poder atender a personas extranjeras en situación de irregularidad administrativa.

• El articulado muestra una falta de compromiso en las fórmulas de participación propuestas, ofreciendo una regulación que no es clara y que, en algunos casos, no concreta de forma expresa la participación de la sociedad civil, siendo uno de los elementos más preocupantes del texto propuesto y que debe ser reforzado. Como propuesta, la inclusión de un nuevo artículo en el que se regulen las acciones que pueden ser utilizadas por los titulares de los derechos que se establecen en el proyecto de ley. Todo ello con el fin de exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho al acceso universal del conjunto de servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales.

• El texto definitivo de la Ley debería mejorar otras indefiniciones, como el contenido mínimo para cada una de las prestaciones recogidas en el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía; las competencias de las administraciones locales sobre los servicios sociales; o la inclusión de un sistema que, desde la Ley, permita a las administraciones públicas velar y garantizar la calidad y eficiencia del servicio.

• Desde la plataforma se apuesta igualmente por la incorporación de cláusulas sociales como medida transversal a todos los órganos de contratación del sector público andaluz, así como por restringir el papel excesivo que el proyecto de ley otorga al Consejo de Gobierno.