Desde la Coordinadora Andaluza de ONGD, nos unimos a las reivindicaciones internacionales para demandar una vida libre de violencias machistas en un 2020 marcado por la crisis del COVID-19; una pandemia que prioriza lo urgente sobre lo importante, lo que está visibilizando que proteger la vida de las mujeres nunca ha sido una prioridad para este sistema-mundo que habitamos.

El confinamiento domiciliario durante la pandemia ha aumentando la violencia contras las mujeres y las niñas, especialmente la violencia dentro del hogar en todo el mundo; el impacto económico ha afectado de manera específica a las mujeres, que son quienes desempeñan en mayor proporción puestos laborales peor pagados, más precarizados, de carácter temporal, informal y de jornadas parciales, con muy poca o ninguna protección social, lo que las aboca a contar con menos protección en tiempos de recesión económica. En Andalucía esta situación es especialmente compleja para las familias monomarentales, lideradas en un 82% por mujeres.

Esta pandemia nos recuerda una y otra vez la contribución inconmensurable de las mujeres a la protección y cuidado de la vida; las situaciones de cierre de colegios, el incremento del teletrabajo, el colapso de los centros sanitarios y el distanciamiento social han intensificado la carga laboral doméstica y de cuidados no remunerada realizada por las mujeres. Además, en este sector del hogar y los cuidados existen más de 8,5 millones de trabajadoras migradas y racializadas que están perdiendo sus trabajos, reduciendo sus ingresos y, en muchos casos, las remesas enviadas a sus familias. A nivel mundial las mujeres representan el 70% del personal de asistencia sanitaria y social; solo en España, el 75% de las mujeres que desempeñan su trabajo en el sector sanitario y asistencial se han infectado de COVID-19.

En este contexto, denunciamos…

• La ausencia de voluntad política para avanzar en los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing apoyados por el compromiso de 189 gobiernos y donde se establecieron las medidas para eliminar las barreras sistemáticas de la violencia que sufren las mujeres;  25 años después, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual de manos de sus parejas en los últimos doce meses.

• En 2017, en el mundo fueron asesinadas 87.000 mujeres; en España son más de 1000 las que se registran desde 2003; una cifra sesgada, pues a nivel estatal solo se registra como violencia de género aquella ejercida a manos de la pareja o ex-pareja.

• Las víctimas de trata son en su mayoría mujeres (49%) y niñas (21%), y cerca del 80% son víctimas de trata con fines de explotación sexual. España es uno de los principales países de  destino y tránsito de víctimas de trata en Europa.

• El retroceso en las políticas de Derechos Sexuales y Reproductivos a nivel mundial con la firma de 31 países de la ‘Declaración del Consenso de Ginebra’ rechazando el aborto como un derecho humano, y la nueva legislación en Polonia donde la malformación del feto se rechaza como causal para acceder a un aborto legal, son hechos que niegan la soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos.

• En España, a partir de los 16 años, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida; y 1 de cada 5 ha sufrido violencia en los últimos 12 meses. Además, las mujeres mayores de 65 años ocultan la violencia vivida en bastante mayor medida que el resto de mujeres. Por último, los datos deben servir también para suavizar la re-victimización de las mujeres y visibilizar a los perpetradores, puesto que el 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual declaran que fue de manos de un agresor hombre.

• En un contexto político global de incremento de los fundamentalismos, en Andalucía se están poniendo en práctica estrategias de negación de las violencias estructurales y específicas ejercidas sobre las mujeres como la creación del Teléfono de Violencia Intrafamiliar o la aprobación de subvenciones dirigidas a entidades con fines de ‘asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad’, excluyendo así a las entidades que trabajan desde el derecho a decidir de las mujeres y que se encuentran amparadas en la Ley Orgánica de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo; este contexto muestra el uso ideológico de los presupuestos públicos en la Comunidad Andaluza.

• Las violencias machistas están atravesadas por la condición migrante de muchas mujeres que sufren racismo, explotación y criminalización. Las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas se enfrentan a la violencia a lo largo de todo el proceso migratorio, especialmente en el tránsito, donde atraviesan vías no seguras sufriendo violencia física y sexual; en la frontera, donde en muchas ocasiones son separadas de sus hijas e hijos; y en el destino, cuando llegan a un país que las desprotege sistemáticamente ante la ausencia de procesos de regulación que les permitan acceder a derechos de ciudadanía.

Manifestamos…

• Que las mujeres somos radicalmente humanas.

• Que tenemos derecho a una vida libre de violencias machistas, en todas sus facetas y dimensiones.

• Que los avances de la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación sobre la mujer (CEDAW), el Convenio de Estambul y todas las herramientas internacionales no pueden dar un paso atrás sino construir agendas comunes que pongan en el centro la vida y los derechos humanos de las mujeres.

• Que las violencias machistas no pueden ser negadas desde los gobiernos democráticos y en un estado de derecho como en el que nos encontramos.

• Que es necesario creer y confiar en los testimonios de las mujeres como indicadores de violencia: más del 99 % de las mujeres dicen la verdad cuando denuncian que han sido acosadas, abusadas y violadas. ¡Hermana, yo sí te creo!

• Las migraciones son estrategias de vida que forman parte de la humanidad desde tiempos ancestrales, aunque las neguemos existen y seguirán existiendo. A nivel mundial y regional, demandamos políticas que hagan estas realidades más seguras y menos peligrosas para las mujeres.

• Que la campaña #RegularizaciónYa demandada por colectivos de empleadas domésticas y por trabajadoras agrícolas migrantes y apoyadas por muchas organizaciones sociales debe ser escuchada a nivel político e institucional; y que el estado español debe proteger a las mujeres migrantes ratificando el Convenio 189 de la OIT y firmando la ‘Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares’.

• Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales definidos en Naciones Unidas; entre ellos están las decisiones libres y responsables con respecto a los asuntos relacionados con el propio cuerpo y la propia salud sexual y reproductiva. El aborto debe ser una elección libre de las mujeres y, por tanto, se deben facilitar las políticas que garanticen este derecho, alejando a las mujeres de situaciones poco seguras, peligrosas y estigmatizantes.

Nuestro activismo es imparable, no somos figurantes en esta lucha por el derecho a una vida libre de violencias en este sistema-mundo que nos niega, nos invisibiliza, nos violenta, nos viola, nos asesina.

Como dice Ijeoma Umebinyuo, "nadie os advirtió que a las mujeres a las que cortasteis los pies para que no pudieran correr, darían a luz hijas con alas".  No vamos a replegar nuestras alas porque ya no caben en el diminuto horizonte que existe entre los ojos y la nariz de este sistema-mundo que nos violenta. Somos la revolución porque la revolución vendrá de la mano de los movimientos feministas, pues no existe otro movimiento social que ame la vida como la ama este.