Polétika, la red de más de 500 organizaciones de la sociedad civil enfocadas a vigilar las iniciativas y compromisos adquiridos por los partidos políticos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, observa con máxima preocupación la falta de voluntad en la asignación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE 2018) para las políticas de reducción de desigualdades en lo que va de legislatura. El informe Paso atrás en la legislatura del cambio alerta de que sin un urgente cambio de actitud por parte de los partidos políticos y el Gobierno, traducido en acuerdos legislativos y presupuestarios ambiciosos, se comienza a correr el riesgo de dar esta XII Legislatura por perdida.

El bloqueo está comenzando a afectar incluso a los pasos positivos que se habían dado al comienzo de la legislatura y que podrían acabar dejando en papel mojado medidas clave para el bienestar de todas las personas. Así lo han podido constatar las organizaciones de Polétika tras su análisis de las más de 700 iniciativas parlamentarias tramitadas en casi dos años de legislatura.

Anuncios como la Ley de Cambio Climático,  la Ley Integral para Erradicar la violencia contra la infancia  o laregulación de los lobbies en España, que desde Polétika se valoraron de forma muy positiva, están estancadas a día de hoy. No conocemos los avances que se están produciendo o incluso si los hay en otras áreas cruciales como el incumplimiento del Gobierno de la cuota de reubicación en España de personas refugiadas en España con tan sólo un 14,5% del compromiso. Otras medidas que sí han llegado a aprobarse, como el Pacto de Estado contra la violencia de Género o la creación de una comisión no legislativa de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, están funcionando a medio gas al no ir acompañadas de un presupuesto que permita hacer efectivas sus propuestas.

La derogación de la Ley Mordaza finalmente ha superado un bloqueo de más de 10 meses, pero ha vuelto a ver dilatada su tramitación tras recibir cientos de enmiendas las dos propuestas diferentes que fueron registradas. Asimismo, la Iniciativa Legislativa Popular que contempla una prestación a familias con bajos ingresos sin derecho a subsidio por desempleo superó el bloqueo de la Mesa del Congreso para quedarse atascada parlamentariamente, a pesar de que podría ayudar a 1,8 millones de familias en España. Asimismo, a pesar de que existe una mayoría parlamentaria a favor de garantizar la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país, limitada desde 2012, el Ejecutivo ha vetado cualquier reforma en este sentido.

Esta tendencia de parálisis y ralentización podría haber sido revertida en parte con unos Presupuestos Generales del Estado que apostasen por hacer llegar el crecimiento de los últimos cinco años a todas las capas de la sociedad. Sin embargo, las cuentas públicas de 2018 vuelven a ser una oportunidad perdida y mantienen secuestrado cualquier impacto positivo en la lucha contra la desigualdad.

Para consultar y descargar el informe completo , pinche aquí.