Las personas refugiadas han quedado más expuestas al contagio y a los efectos socioeconómicos del coronavirus, lo que requiere que sean incluidas en las respuestas nacionales para hacer frente a la COVID-19. Las medidas de contención y aislamiento pueden tener efectos negativos en el acceso a la ayuda humanitaria de la que dependen millones de personas refugiadas en el mundo para subsistir.

En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, mientras la pandemia provocada por la COVID-19 empeora en muchas partes del mundo, Acción contra el Hambre advierte que las personas refugiadas son particularmente vulnerables frente al virus.  Por ello, deben ser incluidas en las respuestas sanitarias y socioeconómicas que los gobiernos nacionales están tomando para mitigar los efectos del coronavirus.

8 de cada 10 personas refugiadas viven en países pobres

El 80% de la población mundial de refugiados vive en países de ingresos bajos y medios, donde los servicios e infraestructuras sanitarias son insuficientes y poco accesibles. Las consecuencias de las medidas de contención que se han tomado en los diferentes países pueden tener efectos enormemente nocivos en el acceso a la ayuda humanitaria, los alimentos y las necesidades básicas no solo de las personas desplazadas sino también de las comunidades de acogida.

"Sobre el terreno, nuestros equipos en todo el mundo constatan en los campos de refugiados o los asentamientos informales condiciones de hacinamiento que hacen muy difícil dificulta que se tomen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para prevenir el contagio de la COVID-19", explica Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre.

En el Líbano más de un millón y medio de personas se han refugiado desde el comienzo de la guerra en Siria en 2011, distribuyéndose entre las zonas urbanas y los campamentos informales. La mayoría de los asentamientos no están conectados a la red pública de agua y utilizan instalaciones sanitarias inadecuadas. Esta situación dificulta la adopción de las medidas básicas de higiene que permiten protegerse del virus.

Mientras no pueden cumplir con el aislamiento social, las medidas de contención dificultan también el acceso a alimentos y otros servicios para cubrir sus necesidades básicas, lo que supone un doble agravante.

En Colombia, que acoge a 1,8 millones de personas procedentes de Venezuela, nuestros equipos han constatado que el 48% de las personas migrantes o desplazadas se han quedado sin fuente de ingresos después del confinamiento; en comparación con el 4% de antes de que se aplicaran las medidas de aislamiento social.

Una respuesta global e inclusiva

La respuesta internacional a la crisis desatada por la COVID-19 debe ser global e integrar a todas las poblaciones, incluidas las que se ven obligadas a huir de sus hogares. “Dentro de este grupo, las personas mayores, particularmente vulnerables frente al virus, merecen especial atención”.

"Las autoridades nacionales deben tratar a las personas refugiadas, migrantes, desplazadas y a quienes solicitan asilo de la misma manera que al resto de la ciudadanía frente a la pandemia", concluye Longué.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), casi 80 millones de personas han tenido que huir de sus países debido a conflictos, violencia, persecución, desigualdades económicas y sociales o al cambio climático.