Por segundo año consecutivo, la tramitación de los PGE 2018 ha tenido un calendario extraordinario. El Gobierno ha presentado el 3 de abril en el Congreso el anteproyecto de ley y el 9 de abril el informe “Ayuda Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado (AGE). Propuesta Presupuestos Generales del Estado para 2018”. Con ambos documentos Coordinadora realiza todos los años un análisis de la cooperación en los presupuestos con el objetivo de evaluar la dirección de dicha política e informar a la ciudadanía del grado de cumplimiento del país con los compromisos internacionales y de fomentar este debate en el proceso presupuestario.

En los PGE 2018 constatamos que el gobierno frena la degradación del sistema de cooperación de los últimos ejercicios, pero posterga su recuperación. La propuesta de iniciar el V Plan Director con € 2.602 millones – un esfuerzo de ayuda del 0,22% de la renta nacional bruta (RNB) – implica alejarse de la ruta del 0,4% al final de la legislatura. De tal forma que, si proyectamos el incremento propuesto, tardaríamos 15 años en alcanzar el 0,4%. Además, Coordinadora alerta de cómo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) sigue teniendo un papel devaluado dentro del sistema, de la excesiva apuesta por el FONPRODE reembolsable[1] – instrumento que lleva 3 años de infraejecución – y por el estancamiento o crecimiento pírrico de instrumentos los canalizados a través de las ONGD o la ayuda humanitaria.

Constatar que los PGE 2018 no cumplen correctamente con su labor informativa de mostrar la voluntad del gobierno en la política de cooperación. Sirvan como ejemplo las partidas destinadas a ONGD y el propio FONPRODE. Es fundamental que los presupuestos reflejen de forma fidedigna la voluntad del gobierno para poder cualificar el debate político que antecede a la aprobación presupuestaria.

Por último, estos presupuestos se presentan bajo el mantra de ser “los más sociales de toda la democracia”. Sin embargo, los análisis muestran que estamos en los niveles más bajos de los últimos años, con € 4.500 millones menos en educación y sanidad, un tercio de los recursos en vivienda, 6,7% menos en dependencia y un 52% menos en cooperación respecto a 2011. Esto debe revertirse si se quiere cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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