En el Día Mundial de la Justicia Social (que celebramos el 20 de febrero), la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que la CAONGD forma parte, recuerda que sin una reforma fiscal justa no se podrán reforzar los servicios públicos y reducir la creciente desigualdad social.

España es el cuarto país con más desigualdad social de toda la eurozona. Nuestro país está además cuatro puntos por debajo de la media europea en inversión social y siete puntos por debajo en cuanto a presión fiscal. El fraude fiscal en España es mucho mayor que la media europea. Si aumentara la presión fiscal a las grandes fortunas en línea con la eurozona y se redujera la dimensión del fraude fiscal a la media europea, contaríamos con 80.000 millones de euros más en las arcas públicas.

Ese menor monto de los ingresos públicos se ve reflejado también en una menor inversión pública en servicios básicos. España invierte en sanidad un 15% menos que la media europea. En educación, los países de la zona euro invierten de media un 5% de su PIB y España solo un 4%.

La pandemia nos ha revelado que nuestro sistema sanitario no es tan robusto como queríamos. Y la crisis económica producida por esta emergencia sanitaria se vislumbra especialmente virulenta en España: se prevé que la tasa de desempleo llegue a alcanzar el 20% y la economía caiga un 12,8%.

En definitiva, si queremos afrontar esta crisis económica, fortalecer la sanidad y la educación y abandonar la vergonzosa lista de los países más desiguales de Europa, necesitamos abordar con urgencia una reforma fiscal que asegure ingresos suficientes, haga pagar más a los que más tienen y reduzca la enorme dimensión del fraude fiscal en España. Defender los impuestos y defender la justicia fiscal es defender la justicia social.