En el marco de la iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales –ZLPF, Oxfam Intermón ha presentado hoy en Zaragoza a representantes de distintos ayuntamientos, entre ellos Sevilla, una guía práctica para impulsar una contratación pública libre de paraísos fiscales. Con esta iniciativa la organización pide a las instituciones públicas, como ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que incorporen en sus políticas de contratación criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras. La ciudad de Sevilla se sumó a esta iniciativa mediante acuerdo de pleno de 29 de julio de 2016. Actualmente, más de 70 municipios han aprobado una moción para ser ZLPF.

Para dotar a la iniciativa de validez a efectos jurídicos, es necesario que las administraciones públicas que ya han aprobado las mociones incorporen en sus reglamentos de contratación clausulado específico. Tras la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicada el 10 de agosto de 2017, esta guía desarrolla las clausulas necesarias para regular la iniciativa, así como el procedimiento para su inclusión.

Contratación pública: 18,5% del PIB

La Administración pública juega un rol determinante en la economía española. Los productos y servicios que no provee directamente los tiene que contratar con el sector privado, pasando desde proyectos de obras públicas y construcción hasta materiales de suministro de organismos públicos, entre otros. Las contrataciones públicas en España equivalen al 18,5% del Producto Interior Bruto –PIB.

“Consideramos fundamental que la Administración como actor económico introduzca criterios de responsabilidad fiscal en sus contrataciones. No es justo que empresas que desvían beneficios a paraísos fiscales puedan optar a contratos públicos. Para conseguir una fiscalidad justa las administraciones tienen que evitar contratar a este tipo de proveedores”, ha señalado el responsable de sector privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba.

Para conseguirlo, Alba ha recordado “la importancia de sensibilizar a la ciudadanía para que tenga tolerancia cero con los paraísos fiscales. Como ciudadanos y ciudadanas podemos exigir que los contratos públicos los consigan aquellas empresas que pagan sus impuestos y cumplen con sus deberes con la ciudadanía”.

Según la organización, la inversión española en los paraísos fiscales entre 2015 y 2016 se hamultiplicado por cuatro. En la actualidad, uno de cada cuatro euros de inversión va hacia paraísos fiscales. Esto provoca que la contribución de las grandes empresas al total de la recaudación sea cada vez menor, por lo que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre lasfamilias, el trabajo y el consumo. Esta tendencia también se extiende al ámbito internacional donde cada vez más países compiten por reducir la carga tributaria a las empresas, limitando los recursos para inversión social. Así, el dinero que viajó a estos territorios ha aumentado en torno a un 45 por ciento entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período.

Fiscalidad justa frente a los agujeros negros

La iniciativa ZLPF se enmarca dentro de la campaña IGUALES, con la que Oxfam Intermón pone el foco en cómo la desigualdad creciente es una de las causas que ralentiza la reducción de la pobreza en el mundo y defiende como una de las soluciones para disminuirla un sistema fiscal justo y progresivo. Con él se contribuiría a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y cohesionadas. La evasión y elusión fiscal cuestan mucho dinero a la ciudadanía. Sólo en España, se calcula que las grandes fortunas ocultan una riqueza equivalente al 12% PIB en paraísos fiscales. “Son un claro aliado a la actual crisis de desigualdad, ya que suponen una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo. Es necesario poner en marcha medidas contundentes para su desaparición”, concluye el portavoz de Oxfam Intermón.