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El pasado mes de junio, durante la presentación de la campaña de la CAONGD #MeQuitoElSombrero por la cooperación andaluza, la consejera Rocío Ruiz destacaba su apuesta por la cooperación para el desarrollo como política pública en Andalucía, poniéndose —en sus palabras— al frente de la defensa de la solidaridad como parte del ADN andaluz, junto a la AACID y las organizaciones sociales andaluzas.
Cuando se negocian los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022, que serán los de mayor inversión de la historia, el silencio (cuando no los indicios de lo contrario) respecto a cómo se traducirá esa apuesta de la Junta de Andalucía por esta política hace prever lo peor: la comunidad pasará de ser un referente en solidaridad a convertir la defensa de los derechos humanos y la justicia social en un residuo del conjunto de su actividad. Más allá de la foto, el compromiso se diluye.
Representantes de la CAONGD, incluido su presidente, Héctor Rivero, se han reunido con la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Cardosa Zea. El objetivo, conocer las previsiones de inversión en AOD de los presupuestos de la comunidad para 2022. Cardosa no ha ofrecido información sobre una ruptura de la inercia de recortes y, mucho menos, sobre la posibilidad de incrementar la dotación de la AOD en 2022. En 2018, la AOD total de la Junta de Andalucía suponía el 0,14% de sus cuentas públicas. En 2020, la política de cooperación llegó a sufrir un recorte durante el propio ejercicio, quedando en el 0,07%.
Las cifras muestran la peor cara de cómo traduce el Gobierno andaluz el espíritu solidario que muestra la ciudadanía con su apoyo al sector. En 2017, las ONGD de la CAONGD realizaron intervenciones de cooperación destinadas a 17,5 millones de personas. El último informe de la CAONGD, con datos relativos a 2020, deja esta cifra en 5,5 millones, apenas un tercio de las cifras previas a la llegada de PP y Ciudadanos al gobierno. Por otra parte, el número de personas contratadas en las ONGD andaluzas ascendía a 1.180 en 2020; en 2018 eran 1.851, lo que implica una disminución superior al 36%. El retroceso de la financiación pública se presenta como la principal causa de este descenso.
Desde la Coordinadora entendemos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, debería poner al frente de la cooperación andaluza a personas que defiendan la presencia de la comunidad en el ámbito de la ayuda al desarrollo, con firmeza y aumentando los presupuestos como marcan los compromisos públicos. La realidad muestra otra cara completamente distinta. Andalucía cuenta con un gobierno más preocupado por bonificar a las élites, con reducción de impuestos o medidas como las deducciones a la educación privada anunciadas ayer mismo, que por atender a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad. Y no hay mejor camino para dinamitar las políticas sociales, incluida la de cooperación, que una fiscalidad pensada para quienes más ingresan.
No solo se trata de la lógica de ser una política imprescindible en el marco de la crisis derivada de la pandemia; la cooperación internacional es un mandato para el Gobierno andaluz recogido en el Estatuto de Autonomía y, además, cuenta con compromisos propios marcados por el vigente Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023). En este sentido, la AOD debe crecer al menos en el mismo porcentaje en que lo haga el presupuesto global de la comunidad.
