2020 nos retó desde la falta de previsión del alcance de la COVID-19. 2021, en cambio, debía ser el año de actuar frente a un escenario en el que ya conocemos a qué situaciones nos enfrentamos para garantizar los servicios sociales básicos, en Andalucía y en los países con los que cooperamos. La prioridad parece evidente; el compromiso de la Junta de Andalucía, no tanto.

El BOJA de ayer, 2 de febrero, confirmó una previsión que tomaba forma en la firma del acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para este año. Vox volvía a poner en el punto de mira la política de cooperación (y, más concretamente, a las ONG de desarrollo) y exigía el recorte de tres millones de euros de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de 2021. Entre el anteproyecto de Ley de Presupuestos y el texto final aprobado hay exactamente tres millones menos en la partida destinada a “instituciones sin ánimo de lucro”, que se queda en 19.765.816 €. La convocatoria de subvenciones a ONGD, según publicaba el BOJA, refleja este recorte.

Tras el retroceso de la dotación de esta convocatoria en más de un 40% en 2020, la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, trasladó a la Coordinadora Andaluza de ONGD  —en una reunión mantenida el 25 de mayo de 2020— su compromiso absoluto con la cooperación para el desarrollo y su firme voluntad de recuperar, en cuanto fuera posible, la financiación que perdía esta política pública en Andalucía el pasado año. Con un incremento del Presupuesto de la Comunidad Autónoma del 3,7% en 2021 y el mayor superávit autonómico en las cuentas de 2020, no se trata de que falte dinero para la ciudadanía andaluza: se trata de saber si el Gobierno de la Junta de Andalucía asume el anunciado compromiso de la Consejera con la cooperación internacional.

La crisis derivada de la pandemia ha puesto de manifiesto cómo las respuestas, necesariamente globales, son esenciales para dar solución a situaciones que parten de crisis estructurales. Si en España nos enfrentamos a mayores tasas de paro por la dependencia del turismo o el sector servicios, o vemos cómo el debilitamiento de la sanidad pública ha provocado el colapso del sistema en los peores momentos de la pandemia, en otros países la situación es aún más grave.

Entre los argumentos a los que se pliega el Gobierno Andaluz está el erróneo “ayudar primero a los de aquí” para salir de la crisis. En los últimos meses se repite entre los dirigentes políticos el lema “nadie estará seguro hasta que todo el mundo lo esté” (incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen), que resume ese enfoque de interdependencia mundial como requisito imprescindible para la recuperación. Y no solo es así desde la perspectiva sanitaria, sino desde todos los ámbitos de la seguridad humana – económica, social, política o medioambiental. O seguimos esta estrategia, o los efectos se nos volverán en contra.

Era el momento de mostrar nuestro compromiso con regiones en las que los sistemas públicos de garantía de servicios como la salud, la seguridad alimentaria, la educación o el empleo se encontraban debilitados por múltiples factores ya antes de 2020. Un momento de fuerte crecimiento de los presupuestos a nivel autonómico que, sin embargo, nos deja la AOD andaluza en un 0,087% de las cuentas de la comunidad, muy lejos del 0,14% previsto en el Plan Director de la Cooperación Andaluza 2020-2023.

Con esta nueva concesión a la ultraderecha, el Gobierno Andaluz hace su labor de espaldas a la mayoría de la ciudadanía, que es consciente del esfuerzo extra realizado por ONG durante esta crisis para dar respuesta a situaciones a las que no llegaban las administraciones públicas. Así lo demuestra el resultado de la encuesta del CIS de noviembre de 2020, enfocada en la pandemia. Las ONG y asociaciones de ayuda son la institución que recibe una mejor valoración entre las personas encuestadas: más del 60% señala que ha mejorado su opinión sobre ellas ante su actuación frente a la crisis de la COVID-19.

Esta valoración no parte de la nada: es el resultado de años de acompañamiento e intercambio que permiten una cercanía con las poblaciones que sufren la pobreza; es el esfuerzo para adaptarse y dar respuesta a nuevos grupos que han pasado a unas condiciones de vida más precarias, también en Andalucía; supone reconocer que el trabajo de las organizaciones se realiza con rigor y es auditado y evaluado de manera permanente. Y, como resultado, se manifiesta en que las ONGD siguen apoyadas por una amplia base social que sigue contribuyendo económicamente con su labor aun en momentos de crisis.

Expertos analistas del sector, como Gonzalo Fanjul, destacan en el contexto actual “…el papel insustituible [de las ONG] en el alivio del sufrimiento, la garantía de derechos básicos, el control ciudadano y la generación de ideas e iniciativas en beneficio del interés común. Dentro y fuera de España. En determinados asuntos –ayuda humanitaria, litigio estratégico, investigación aplicada a políticas, por mencionar algunos– su trabajo sencillamente no tiene reemplazo.” (En 3500 Millones-Diario El País).

En los próximos años, la cooperación andaluza tiene importantes retos a los que hacer frente: la ejecución del III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo; representar un papel relevante en la reforma del Sistema de Cooperación Española, como le corresponde por su trayectoria; potenciar la articulación de los diferentes actores de la cooperación andaluza  y, en definitiva, contribuir desde Andalucía a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para la consecución de estos objetivos es imprescindible contar con un presupuesto suficiente, que esté a la altura de los retos planteados.

IMAGEN: Comparecencia de la CAONGD ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento de Andalucía en relación con el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.