La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía valora los presupuestos de la comunidad autónoma para 2017 como una continuidad presupuestaria que no favorece la recuperación social y económica de Andalucía, y supone un esfuerzo insuficiente para lograr la igualdad y los derechos sociales de la ciudadanía.

Pese al crecimiento sostenido, persiste un enorme contraste entre la recuperación económica y su repercusión real sobre las personas. En Andalucía los datos siguen siendo muy desalentadores. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, que elabora el INE, ocupamos el último lugar en el nivel de renta o ingresos familiares, adelantada este año por Extremadura y Canarias, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se ha elevado hasta el 43,2%, y el número de ejecuciones hipotecarias en el último año han llegado a 17.365.

El Gobierno Andaluz debe ser más contundente en su lucha para conseguir cambiar un modelo de financiación que se ha demostrado en todos estos años perjudicial e injusto para nuestra tierra; además de exigir mayor flexibilidad de los compromisos a los que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, negociando las condiciones para la amortización de la deuda y así poder disponer con mayor libertad de los posibles fondos adicionales generados del posible incremento del techo de gasto. Para mantener el Estado del Bienestar es necesario otra política económica con criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación, y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto. Ahora más que nunca es necesario diseñar un sistema de financiación que promueva un equilibrio entre la mayor autonomía financiera de las CCAA y la realización del principio de solidaridad y la cohesión territorial, sin olvidar la necesaria inversión estatal.

Los presupuestos evidencian que falta una apuesta clara con recursos y dotaciones económicas para reindustrializar Andalucía, favoreciendo una verdadera política industrial que siente las bases para el cambio de modelo productivo que nuestra tierra requiere con urgencia, apostando por I+D+i para ser más competitivas y eficientes.  Estos presupuestos son una nueva oportunidad perdida por el Gobierno Andaluz para apostar por la industria  como sector tractor de la economía para generar empleos de calidad y estables alejado de estacionalidades y por aquellos elementos que permitirían hacer crecer a nuestra comunidad y consolidar una estructura productiva diversificada, fuerte, dinámica y gran valor añadido.

En relación a las políticas de empleo, aun valorando el incremento en esta partida del presupuesto, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades reales de las personas desempleadas de nuestra tierra. Mantenemos todavía una tasa de paro del 29,3%, y lo más grave es que menos del 47% de esta población desempleada cobra algún tipo de prestación. En este sentido, se hace necesario recuperar todas las políticas activas de empleo, especialmente formación y orientación, y destinar una dotación suficiente para Planes de Empleo, procurando una revisión y una gestión adecuada de los mismos, así como garantizar la apuesta por el acceso de la mujer al empleo y su permanencia en los centros de trabajo en condiciones de igualdad.

En lo que respecta a las Políticas Sociales, el esfuerzo para mejorar su dotación presupuestaria continúa siendo insuficiente para abordar las necesidades sociales actuales, recuperar la calidad y el nivel de reconocimiento que tenían los servicios públicos andaluces antes de la crisis y realizar las medidas necesarias para defender y garantizar la integridad, la universalidad, la calidad y la sostenibilidad de unos servicios públicos esenciales  en Andalucía.

Las políticas de salud son un claro ejemplo de ello. Aunque suben el 5,6% en relación al año anterior, están todavía lejos de la dotación del periodo 2009/12 y requiere más esfuerzos para garantizar el nivel y la calidad de las prestaciones que requiere la sociedad andaluza. Para ello, un aspecto fundamental es recuperar el nivel de empleo existente antes de los recortes.

Igual ocurre con las políticas educativas, donde el descenso acumulado en esos años, hace muy complicado que el incremento del 3,1% de estos Presupuestos puedan dar respuesta a las necesidades educativas de Andalucía, manteniéndose una dotación aún inferior al periodo 2009/12.

Junto al abandono que mantiene el Gobierno central para la dotación suficiente del sistema de Dependencia, cabe señalar que el incremento del 2,5% de la partida autonómica difícilmente puede cubrir satisfactoriamente las necesidades reales y urgentes del sistema en Andalucía; especialmente la larga lista de espera de personas que esperan ser incluidas en el sistema.

Tampoco el incremento en el programa de “Vivienda, Rehabilitación  y Suelo" resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de la Ley Andaluza del Derecho a la Vivienda y poner en marcha el Plan ya aprobado, afrontando el problema de la existencia, según los Registros Municipales, de más de 140.000 demandantes de vivienda protegida.

Por lo que respecta a las políticas de consumo, el retroceso de un 3,3% en los presupuestos favorecerá que aumenten los desequilibrios y los abusos a los consumidores por parte de las empresas. La situación de crisis propicia la proliferación de conductas generadoras de riesgo en el mercado: merma de la calidad para disminuir costes de producción, desinversión en políticas y canales de atención al cliente, intrusismo y economía sumergida, reducción de garantías sanitarias de los productos puestos en el mercado, proliferación de mercancías-basura de bajo precio, etc. El aumento del presupuesto habría permitido reforzar el papel de las organizaciones de consumidores para que sirvan de auténtico contrapoder en el mercado.

En el apartado de la solidaridad internacional, Andalucía también continúa perdiendo peso e incumpliendo los compromisos del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2016. La Ayuda Oficial al Desarrollo andaluza apenas alcanza un tercio del compromiso del 0,45% del presupuesto andaluz para 2017 que fija este plan.

En relación a la Inclusión Social, el incremento presupuestario no alcanzar a dar solución a la situación extrema que sufren muchos andaluces y andaluzas, y que hace que sea urgente la aprobación de la tan necesaria Renta Básica de Inclusión en Andalucía, y su puesta en marcha a la mayor brevedad posible, comprobando que un año más, no existe ninguna dotación específica para su puesta en marcha, dando así lugar al cumplimiento del mandato recogido en nuestro Estatuto de Autonomía (art. 23.2); a pesar de la promesa y el compromiso adquirido por la Presidenta de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura de julio del 2015, y que ha sido uno de los objetivos de trabajo más fuertes de esta plataforma desde su creación.