En agosto del pasado año, las entidades sociales de desarrollo se reunieron con Pedro Sánchez para dialogar sobre el enorme potencial de la política de cooperación para la definición de nuestro papel en el mundo y para hacer frente a los grandes desafíos globales, con la participación de la ciudadanía. 

A pesar de que periódicamente el Eurobarómetro recuerda cómo la sociedad española es de las más comprometidas de Europa con la solidaridad y los desafíos globales, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sigue estando a la cola de Europa. El descenso de la AOD del 0,19% al 0,18%, compromete la capacidad de liderazgo internacional en áreas clave como la promoción de los derechos humanos, la agenda feminista, la lucha contra la emergencia ambiental, y la propia realización de la Agenda 2030 en su ámbito global.

Cinco puntos para impulsar

Ahora que tiene que echar a andar la legislatura nos parece fundamental garantizar de manera más urgente:

1. Que la política de cooperación para el Desarrollo Sostenible tenga un papel relevante en el diseño del nuevo Ejecutivo. Para ello, el compromiso ya manifestado con una Secretaría de Estado de Cooperación específica sería el nivel mínimo desde el cual poder ejercer la urgente labor de recuperación y proyección.
2. Que el nuevo Gobierno colabore positivamente en una hoja de ruta para un pacto de Estado de la cooperación que afronte una agenda de reformas, en la que el Congreso y el Senado deberán tener un papel fundamental para generar un proceso legislativo en diálogo con los actores del sistema de cooperación. En este sentido, instamos a recuperar la subcomisión específica aprobada en el Congreso en la anterior legislatura.
3. Concretar una hoja de ruta para alcanzar el 0,5% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo al final de la legislatura, con gestos importantes de recuperación de partidas estratégicas en los PGE 2020. En las condiciones actuales no es posible alcanzar ese 0,5% ni el 0,7% antes del 2030. La propuesta de PGE 2019 aumentaba la AOD en solo 307 millones – alcanzando el 0,23% de la renta nacional bruta –. Además, las prioridades estaban invertidas, dejando a la AECID y la ayuda humanitaria en un segundo plano.
4. El fortalecimiento de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la justicia global como requisito esencial para avanzar en los desafíos planteados por la Agenda 2030. Todas las políticas públicas – comerciales, migratorias, de seguridad, medioambientales, infraestructuras, educación, etc. – deben contribuir a la defensa de los derechos humanos y la protección del planeta y para que esto sea posible se requieren estructuras y mecanismos de coordinación al más alto nivel que permitan acompasar las dimensiones doméstica e internacional.
5. La necesidad de dar continuidad y ahondar en el trabajo realizado en cooperación – concretado en la “Comunicación 2019, recuperar la política de cooperación” – con una mayor promoción de las capacidades de las que disponen instituciones clave como son la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) así como las estructuras de gobernanza de la Agenda 2030, entre otras.

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