El 30 de septiembre termina el plazo para presentar candidaturas al Premio Andaluz de Periodismo Social ‘Alberto Almansa’, que busca reconocer y promover el trabajo periodístico relacionado con los problemas sociales actuales. Los trabajos presentados deben haber sido publicados o emitidos en diversos medios entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.

El premio cuenta con tres categorías: el mejor trabajo de periodismo social publicado en medios de comunicación convencionales, el mejor trabajo en un medio de comunicación ciudadano y un galardón a toda una trayectoria en el ámbito del periodismo y la comunicación.

La iniciativa, respaldada por organizaciones y colectivos sociales de Córdoba como la Plataforma contra la Violencia de Género, Ecologistas en Acción, Yayoflautas y CIC Batá, tiene como objetivo poner en valor y reivindicar el periodismo que promueve los Derechos Humanos y dignificar la labor del periodista, entendiendo la información como un pilar fundamental de la democracia en un momento de gran polarización.

El premio lleva el nombre de Alberto Almansa, un periodista que ejerció su profesión con compromiso y libertad, siempre enfocado en que los medios de comunicación fueran un servicio público y una herramienta para la transformación social en beneficio de las personas más vulnerables.

Las ediciones anteriores han demostrado el enfoque colectivo que promueve este premio. En la primera edición, las periodistas Raquel Montenegro Molina y Ruth de Frutos García fueron galardonadas en las categorías de medios de comunicación convencionales y ciudadanos, respectivamente. Además, se reconoció la trayectoria de Carmen Sarmiento.

En la segunda edición, los periodistas José Juan Luque y el equipo compuesto por Alfonso Torres y Aurora Báez Boza se llevaron los premios en las categorías de medio convencional y medio ciudadano, respectivamente. Rosa María Calaf fue honrada por su destacada trayectoria periodística.

Los interesados en participar en esta tercera edición del Premio Andaluz de Periodismo Social ‘Alberto Almansa’ aún tienen tiempo para enviar sus trabajos hasta el 30 de septiembre. 

Bases de la convocatoria

1. El Premio Andaluz de Periodismo Social “Alberto Almansa” será otorgado tanto a trayectorias como a trabajos de temática social que hayan sido realizados de forma individual o en equipo y que hayan sido publicados en medios de comunicación sobre noticias relacionadas con Andalucía. Esta convocatoria está dirigida a reconocer y promocionar el trabajo periodístico relacionado con los problemas sociales del momento presente. Se trata de reivindicar el periodismo que lucha y trabaja por los Derechos Humanos más básicos, la justicia social y el servicio a la ciudadanía. Un periodismo que no sólo es reflejo de la realidad, sino que también debe servir como instrumento para el cambio social.
2. Los trabajos que se presenten deberán ser originales, publicados en prensa o internet, o emitidos en radio o en televisión y otros soportes, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.
3. A través de esta convocatoria, se otorgarán los siguientes Premios:
   • Premio al mejor trabajo  de  periodismo  social  publicado en un medio  de  comunicación  convencional: En esta modalidad, el jurado elegirá un trabajo, individual o colectivo, que destaque por su temática social y haya sido publicado en un medio de comunicación público o privado. El premio estará dotado con una escultura conmemorativa.
   • Premio al mejor trabajo de periodismo  social  publicado en un medio de comunicación ciudadano: En esta modalidad, el jurado elegirá un trabajo, individual o colectivo, que destaque por su temática social y haya sido publicado en un medio de comunicación de carácter ciudadano o asociativo. El premio estará dotado con una escultura conmemorativa.
   • Premio a toda una trayectoria en el ámbito del periodismo y la comunicación: Este premio se concede a profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del periodismo. Las últimas dos ediciones este premio se ha concedido a Carmen Sarmiento y Rosa María Calaf.

4. Podrán ser las mismas personas que hayan realizado el trabajo, o cualquier otra que lo haga en su nombre, debidamente autorizada por el autor o autora, las que lo presenten a la organización su trabajo, acompañando una breve biografía personal, indicando su domicilio habitual, teléfono y correo electrónico de contacto. Cada periodista podrá presentar un máximo de un trabajo.
5. Los trabajos podrán presentarse desde el 1 de junio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023, a través de la dirección de correo electrónico premioalbertoalmansa@gmail.com ,   especificando en el asunto “III Premio Andaluz de Periodismo Social Alberto Almansa”. Deberán cumplir además los siguientes requisitos:
   • Producido en papel: Se presentará el trabajo publicado escaneado y un documento que incluya los datos de las personas autoras del mismo, fecha, página y medio en el que se publicó.
   • Producido en Radio: Se presentará el trabajo en formato digital, acompañado de un certificado de la dirección del medio que incluya la fecha y el programa de emisión.
   • Producido en Televisión: El trabajo se presentará en formato digital, acompañado de un certificado de la dirección del medio que incluya la fecha y el programa de emisión.
   • Producido en medios digitales: El trabajo se presentará mediante el enlace a la web, red social, diario digital o cualquier otra plataforma que lo aloje. La organización se reserva el derecho de solicitar un certificado de alojamiento en la red.

6. En caso de que así lo decidiera el jurado, alguno o la totalidad de los premios podrán ser declarados desiertos. El jurado se reserva el derecho de galardonar otro trabajo que lo merezca por su calidad con un accésit.
7. El jurado estará formado por:

• Una persona familiar de Alberto Almansa.
• Representantes de medios de comunicación.
• Representantes de las organizaciones y colectivos que impulsan el premio.

8. El fallo del jurado se producirá, al menos, tres semanas antes de la celebración de la entrega de premios, que será el martes 15 de noviembre de 2023 en un lugar que se notificará con la suficiente antelación. Dicho fallo será inapelable.
9. La organización se reserva el derecho de publicar, reproducir o exponer el trabajo premiado.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/18 de 5 de diciembre de 2018 de protección de datos y garantías de los derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas y al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero de datos personales y podrán tener un tratamiento automatizado utilizando medidas técnicas y legales con la única finalidad de mantener la relación adquirida con usted. También le informamos de la posibilidad a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, además de los derechos de limitación del tratamiento, portabilidad y derecho al olvido de las siguientes formas: en persona, en cualquiera de nuestros centros de trabajo (sin coste para ud); Por internet a la dirección premioalbertoalmansa@gmail.com sin  coste  para  Ud.  donde  se le indicará la manera más efectiva para Vd. para poder ejercer estos derechos.

Seis meses después de los devastadores terremotos que asolaron el sur de Turquía y el norte de Siria, las regiones afectadas en ambos países siguen haciendo frente a múltiples desafíos. “A pesar de que ha pasado ya medio año de los devastadores terremotos, la recuperación todavía no ha terminado. Acción contra el Hambre continúa en ambos países trabajando para proporcionar asistencia humanitaria, recuperación temprana y programas de rehabilitación a largo plazo”, explica la directora regional de Acción contra el Hambre para Oriente Medio, Chiara Saccardi.

En Turquía, el seísmo afectó a 11 provincias del sur y sureste, matando a 50 000 personas, hiriendo a más de 100 000 y destruyendo casi 300 000 edificios. Cerca de tres millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y más de un millón y medio siguen viviendo en asentamientos informales, lo que plantea un reto adicional por las condiciones climáticas.
Además, muchas de estas personas no cuentan con acceso a las necesidades más básicas ni tienen fuentes de ingresos estables. En la actualidad, aproximadamente 4 millones de menores necesitan ayuda humanitaria en el país.

En el lado sirio, los devastadores terremotos provocaron la muerte de más de 6 000 personas y 12 000 heridos, dejando graves daños en infraestructuras y zonas residenciales, afectando a un total de 8,8 millones de sirios.

En la actualidad, la población sigue teniendo problemas de alojamiento debido a graves daños en los edificios, dejando a numerosas familias sin vivienda. El acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento, una nutrición adecuada o la atención sanitaria sigue siendo una gran preocupación en ambos países. Además, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de la población se vieron gravemente afectados, así como el bienestar mental por estrés postraumático.

De hecho, en Siria, los terremotos han ejercido todavía más presión sobre los servicios públicos y algunos sectores concretos como la sanidad, la vivienda, los medios de subsistencia, el agua y saneamiento, se suma a las múltiples crisis que vivía de antemano el país: el conflicto que dura ya más de doce años, la pandemia de la COVID-19, la escasez de combustible, la recesión económica, el brote de cólera y la prolongada sequía. Son más 15 millones de sirios los que necesitan ayuda humanitaria, según Naciones Unidas.

El trabajo de Acción contra el Hambre en ambos países

Durante los seis meses, la organización, junto a sus socios locales, ha apoyado a un total de 265 166 personas a través de su actividad holística en Turquía y Siria. Más de 48 000 personas han recibido apoyo en materia de agua, saneamiento e higiene; más de 20 000 en el ámbito de la salud y nutrición y 100 000 personas en cuanto a su seguridad alimentaria y medios de vida.

“Tras una catástrofe, los padres ya no pueden alimentar adecuadamente a sus hijos debido al estrés. Los niños y niñas necesitan tener una nutrición adecuada porque puede afectarles más adelante. En nuestro espacio “amigable para los bebés”, cualquier madre puede entrar y tener una variedad de servicios y apoyos necesarios", asegura la coordinadora de nutrición de Acción contra el Hambre en Turquía, Kenda Al Nsour.

En territorio sirio, para hacer frente a las necesidades relacionadas con el terremoto, Acción contra el Hambre también ha previsto rehabilitar infraestructuras clave en Lattakia, Alepo y Hama, incluyendo la formación de ingenieros. En lo que respecta a los recursos del sector sanitario, la organización está prestando ayuda con reparaciones, acceso a medicamentos, equipamiento y formación para trabajadores sanitarios tanto en Hama como en Lattakia, así como la puesta en marcha de un programa para complementar la seguridad alimentaria de comunidades rurales de esta región.

Durante los primeros meses, Acción contra el Hambre se ha centrado en el apoyo al sistema sanitario de Alepo, suministrando medicamentos esenciales a los hospitales, distribuyendo comidas calientes, materiales de refugio e higiene, atención psicológica, así como mejorar las condiciones de saneamiento en los refugios colectivos y la rehabilitación de emergencia de estos sistemas. Con la ayuda de ingenieros formados por la organización, el Sindicato de Ingenieros de Alepo ha podido evaluar también los daños estructurales de más de 100 000 edificios.

El Tribunal Supremo ha fallado en contra de las organizaciones que demandaron al Estado en los dos litigios estratégicos climáticos de la historia de nuestro país. La Justicia española ha decidido no atender a las conclusiones científicas respecto a la emergencia climática, a diferencia del criterio seguido por la mayoría de tribunales superiores de otros países europeos en litigios similares.

Mientras, los datos cada vez son más preocupantes y toda la sociedad y el planeta entero nos enfrentamos a los impactos del cambio climático: desde la agricultura en nuestros pueblos frente a la sequía, a las familias que tienen que hacer frente a las noches tropicales sin poder dormir, hasta quienes pierden la vida por las altas temperaturas, a quienes en lugares como Somalia enfrentan situaciones de hambruna y desplazamientos masivos, o los incendios forestales que están asolando el Mediterráneo estos días. Ante esta situación, además, algunos partidos pretenden retrasar y seguir contaminando, revirtiendo políticas climáticas imprescindibles y abocarnos a una sociedad más insostenible e injusta.

Son varios los puntos “conflictivos” en la sentencia, según las organizaciones demandantes. Primero, el Tribunal reconoce la falta de participación pública en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), pero no aprecia que incurra en causa de nulidad porque no lo ve suficientemente grave y porque existe una web para comunicarse con el Gobierno, y por el poco tiempo que había para presentar el PNIEC y desarrollar el proceso de participación.

Dado que el PNIEC se presentó fuera del plazo estimado para hacerlo, queda claro que sí hubo tiempo para realizar un proceso participativo adecuado. Como para el proceso de elaboración del nuevo PNIEC quedan once meses hasta su presentación final, las organizaciones consideran que ahora el Gobierno sí tiene el tiempo y la capacidad suficiente para elaborar un proceso participativo adecuado.

Segundo, el alto tribunal desestima “con demasiada ligereza”, de acuerdo con las organizaciones, las numerosas sentencias en casos muy similares que se han dado en otros países, como el famoso caso Urgenda, l’Affaire du Siècle en Francia o Neubauer et al. en Alemania, todos ellos casos relevantes de nuestro entorno constitucional comparado. A estos casos, mencionados en la demanda como ejemplos relevantes, el Tribunal se limita a decir: “Se hace cita de Jurisprudencia de otros Estados que no nos vinculan”, sin entrar siquiera en una valoración sobre la extraordinaria relevancia de dichos casos que, sin ser evidentemente vinculantes, no dejan de ser ejemplos jurisprudenciales de la mayor importancia, que “tendrían que haber sido cuidadosamente estudiados por el Tribunal”, según fuentes de las organizaciones.

Sin embargo, la obligación legal podría cambiar de sentido ante el proceso judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya sentencia sería automáticamente vinculante en España, en el caso de las Klimaseniorinen (asociación de mujeres mayores en Suiza), y cuya sentencia se espera a finales de este año 2023. No se puede ir contra la ciencia ni contra las evidencias, y por eso las organizaciones demandantes (Ecologistas en Acción, Intermón Oxfam, Greenpeace, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Fridays For Future) estudian ya la presentación de un recurso judicial contra la sentencia, hasta alcanzar la ratificación de la necesidad de acelerar las políticas contra el cambio climático.

Tercero, el alto tribunal ignora en su sentencia, además, la amplia información trasladada por los demandantes sobre la inherente relación de la emergencia climática y los derechos humanos. De hecho, a juicio de las organizaciones demandantes, es “grave” que el alto tribunal “no sea capaz de entender” las conclusiones de órganos como el IPCC que establecen que en los próximos años la degradación del clima supondrá la pérdida de sistemas alimentarios y el deterioro de la salud de la población, además de otros gravísimos impactos negativos para los ecosistemas, para la economía y, en definitiva, para la humanidad y para la vida en el planeta.

Así, la sentencia llega a afirmar: “Y ese debate debe vincularse a la pretendida afección a los derechos fundamentales que se invocan en la demanda, en el sentido de que si se rechaza la premisa, esto es, la necesidad de imponer el ya conocido porcentaje de reducción de emisiones sea la única solución a la lucha contra el cambio climático, no puede estimarse que exista esa afección a tales derechos”.

Por último, el Tribunal Supremo hace una serie de valoraciones sobre los costes de la crisis climática, mientras desoye la petición de las demandantes de la falta de valoración en el PNIEC de los costes reales de la insuficiencia de los objetivos del plan. Resulta incomprensible la defensa de que las medidas incluidas por el gobierno son las adecuadas, cuando se desconoce el coste real de cumplir con las indicaciones científicas. Las organizaciones demandantes recuerdan que varios informes de las Naciones Unidas o el Informe Stern de 2008 ya establecieron con claridad cómo se triplican los costes de la emergencia climática si no se hace lo necesario para frenarla: los costes de no actuar a la velocidad necesaria son mucho mayores que los de hacerlo.

Declaraciones:

Jaime Doreste, abogado de las organizaciones y activista de Ecologistas en Acción: “Evidentemente, no es una buena noticia, ni para la sociedad civil ni para la lucha climática ni para el futuro de un planeta habitable. Y lamentamos que el Tribunal Supremo se haya apartado de la senda que han seguido sus homólogos europeos en casos análogos. Pero no hay tiempo para lamentarse: los litigios estratégicos son las batallas que merecen la pena ser libradas y que buscan cambios políticos y normativos transformadores. Seguiremos en la brecha, luchando por la justicia climática ante los tribunales de justicia”.

Inés Diez, responsable jurídica de Greenpeace España: “La sentencia se fundamenta en que en los compromisos internacionales asumidos por España no se contemplan cuáles deben ser los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, por lo que el Gobierno tiene una gran discrecionalidad a la hora de establecer el porcentaje de reducción de los mismos. Esta es una interpretación con la que no estamos de acuerdo porque, para cumplir de forma realista con el Acuerdo de París, y tal como las organizaciones argumentamos en la demanda, se hace necesario que la reducción sea de al menos el 55% de las emisiones conforme lo que establece la mejor ciencia disponible; que es lo que sí han concluido los tribunales de otros países europeos”.

Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes: “El litigio climático entablado por las organizaciones recurrentes perseguía implicar al poder judicial en la lucha contra el cambio climático. Lamentamos profundamente que el Tribunal Supremo haya dado la espalda al mejor conocimiento científico y a las sentencias de otros tribunales europeos. Este fallo confirma, una vez más, que la Justicia española no está a la altura de la europea, y por eso seguiremos dando la batalla judicial hasta llegar a Estrasburgo, para que obligue al Estado a proteger los derechos humanos gravemente amenazados por el cambio climático”.