La Asociación Pro Derechos de Andalucía ha elaborado, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, un documento que reúne 10 vulneraciones de los derechos humanos en Andalucía, que requieren de una intervención política y social inmediata.

Para la entidad, la más grave vulneración radica en los “índices de paro, exclusión y pobreza inaceptables” que están llevando a la población a una seria situación de emergencia social. Los datos hablan por sí solos, denuncian, un 28,52% de paro en Andalucía, diez puntos por encima de la media estatal, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el riesgo de pobreza y exclusión social que sobrepasa ya el 42%, frente a la tasa estatal que es del 29,2%, según el índice AROPE. Una realidad alarmante que contrasta, plantean, con un Gobierno que “decide no crear herramientas para que se garanticen los derechos humanos, lo que hace que la población normalice las violaciones de estos derechos”.

Es el caso, aseguran, de la situación de las personas afectadas por el paro de larga duración sin prestaciones, las identificaciones basadas en perfiles étnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las personas extranjeras o la falta de acceso a la salud dentro de prisión y que viene siendo denunciada por los profesionales sanitarios y la organizaciones sociales año tras año sin cambio.

“La situación de los derechos humanos en este país sigue sin mejorar, seguimos denunciando vulneraciones muy básicas que tras los recortes nunca se han recuperado”, afirman desde la entidad.

Entre las vulneraciones que denuncia la APDHA se encuentran la emergencia habitacional, con una falta de acceso “gravísima” a la vivienda de personas que no pueden acceder a ella, personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o alquiler y que son desahuciadas a diario. “Las administraciones no están haciendo nada significativo para cambiar esta situación, ni por el 15,8% de los hogares andaluces que, según el INE, no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno.

Otra de las denuncias sangrantes, a juicio de la APDHA, es el maltrato policial a las personas migrantes que intentan cruzar la frontera en busca de una vida mejor, las devoluciones en caliente, la imposibilidad de los refugiados que huyen de la guerra y la persecución para pedir asilo y el internamiento en los CIE, a pesar de que estas personas no han cometido delito alguno.

En educación, la organización denuncia la desaparición de líneas de educación infantil y primaria, la creciente privatización, la insuficiencia de ayudas al estudio, los precios excesivamente elevados de las tasas universitarias, el difícil acceso a los Ciclos Formativos y los retrasos en cubrir las bajas y permisos del profesorado que en demasiadas ocasiones llega a ser hasta de 20 e incluso 30 días.

Por último, el documento hace referencia también a los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual, a las vejaciones que reciben las mujeres porteadoras en la frontera de Ceuta y Melilla, a la vigencia de la prisión permanente revisable, denunciada como inconstitucional por más de 60 catedráticos de Derecho y al crecimiento de la xenofobia que se traduce en el aumento de los delitos de odio a extranjeros en España.

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