No es la primera vez que mostramos nuestra preocupación por la grave regresión de los derechos humanos que se está produciendo en Nicaragua. Desde el pasado mes de abril han sido numerosas las ocasiones en las que hemos dado la voz de alerta. Hoy, las Coordinadoras de ONG de Desarrollo volvemos a alertar ante el goteo de acciones gubernamentales contra las ONG que defienden los derechos humanos,y denuncian la represión y la grave crisis que vive el país.

Desde que el 20 de julio de 2018 se publicaran en La Gaceta las Ley 976 –nueva Ley de la Unidad de Análisis Financiero– y la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el Gobierno de Nicaragua ha abierto una puerta a la discrecionalidad en la aplicación de la legislación y, por tanto, a su poder para limitar la acción de las organizaciones sociales de forma arbitraria. Así, en las últimas semanas se ha“cancelado” la personalidad jurídica de varias organizaciones sociales,se las ha intervenido e incluso se han confiscado sus bienes.

Con el presente comunicado,desde la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo de España queremos informar cómo, en plena semana de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se ha agudizado la persecución de ONG en Nicaragua. Primero fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) -acompañado de la expulsión a Costa Ricade su directora, la activista feminista Ana Quirós-; pocos días después el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP), y ayer fueron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Hagamos Democracia Nicaraguay.

El caso del CENIDH nos parece especialmente significativo, puesto que, desde su fundación en 1990, ha sido una organización referente en la defensa de los derechos humanos, en diferentes contextos y ante gobiernos de diferente signo. El CENIDH forma parte además dela Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial Contra la Tortura. Desde que estalló la actual crisis, sus informes periódicos–que destacan por si rigurosidad e independencia– han sido de consulta obligada para actores nacionales e internacionales. El verano pasado su directora, Vilma Núñez, estuvo en España pudimos hablar con ella sobre la situación del país. Un gobierno que persigue organizaciones como el CENIDH se descalifica y deslegitima a sí mismo.

La persecución a la que se está sometiendo a las ONG es una auténtica cacería de brujas contra quienes defienden los derechos humanos en el país. Otras cinco organizaciones han visto su personalidad jurídica cancelada de manera urgente:el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias, al Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río).

Pedimos al Gobierno de España una condena firme y un pronunciamiento claro sobre la situación de Nicaragua.Después de ocho meses de represión con centenares de personas asesinadas, miles de heridas,exiliadas o represaliadas, hace falta que el Gobierno se dirija con urgencia alas instituciones europeas e internacionales. Debe exigir que se pare la persecución de las personas opositoras y de las organizaciones que defienden el derecho a la protesta y el respeto a sus derechos. Aumentar la presión de la comunidad internacional sobre el Gobierno nicaragüense es crucial en un momento como el que se está viviendo en el país centroamericano.

En un contexto de auténtica emergencia política, social y humanitaria, animamos a las organizaciones solidarias de nuestro país a acompañar y proteger al movimiento social nicaragüense y a sus organizaciones de derechos humanos, feministas,juveniles,campesinas, vecinales etc.

Finalmente,y ante una Navidad que se presenta terriblemente dura, enviamos un mensaje de aprecio, apoyo y compromiso solidario a todas las personas y organizaciones sociales que están sufriendo represión, acoso y criminalización, con el deseo que pronto el país retome el camino de la paz,la libertad y la democracia.