No esperes un resumen, ni un hilo conductor, ni un orden lógico. Lo que vas a encontrar aquí es una relación de consecuencias de la crisis social y ambiental generadas por un sistema de producción y distribución de la riqueza que lleva al planeta al límite y descarta a personas. Ofrecemos datos sobre distintos temas que trabajamos junto a nuestras socias y otras organizaciones.

321 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2018, en 2018. Este dado es el más alto jamás registrado y fue hecho público en enero por Front Line Defenders. Más de tres cuartas partes de estos activistas defendían derechos de la tierra, el medio ambiente o los pueblos indígenas ante las industrias extractivas respaldadas por los Estados.

140 expedientes de asilo pendientes de resolución en España, en febrero de 2019. CEAR denunció que el sistema de asilo en nuestro país se encuentra en una situación de colapso.

26 millones de personas son arrojadas cada año a la pobreza a causa de los desastres naturales extremos. Según datos de un informe de Action Aid  el impacto de estos fenómenos supone 520 mil millones de dólares.

200.000 muertes provocadas por desastres naturales en los próximos 20 años podrían evitarse con la universalización de la educación secundaria hasta 2030. Según la Campaña Mundial por la Educación, si el progreso educativo se estanca, el número de víctimas de desastres naturales podría incrementarse un 20% en la próxima década.

1 dólar: 75 céntimos. En los ámbitos multilaterales se demanda pasar de “billions to trillions” de dólares americanos para alcanzar los ODS. La palanca que podría generar ese cambio serán las Alianzas Público Privadas. Una investigación del Overseas Development Institute lo pone en cuestión puesto que, por cada dólar de inversión a través de instituciones financieras de desarrollo, solo se moviliza 75 céntimos de aportaciones privadas y tan solo 37 cuando se trata de países de bajos ingresos.

111 países han sufrido graves restricciones del espacio cívico. En mayo se presentó el informe de Civicus en el que se denuncia que tan solo el 4% de la población mundial vive en países en los que las libertadas fundamentales de la sociedad civil – las de asociación, reunión pacífica y expresión – son respetadas. El espacio cívico en España se considera “estrecho” por la vigencia de la llamada ley mordaza.

50% de su cosecha al arrendador. Las mujeres campesinas de Honduras se ven obligadas a entregar la mitad de su cosecha al propietario de las tierras. En junio Inspiraction presentaba un informe en el que denunciaba la situación de desigualdad en la que se encuentras las mujeres en el Corredor Seco Centroamericano.

865 armas nucleares. A principios de 2019, nueve Estados –Rusia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte– contaban con ese número de armas. A pesar de que supone un descenso respecto a las que tenían un año antes, el Stockholm International Peace Research Institute y FundiPau destacaban en junio como la mayor parte de los países están desplegando nuevos sistemas armamentísticos o han anunciado su intención de hacerlo.

1.020 personas perdieron la vida en el Mediterráneo en 2018. La ONG Caminando fronteras presentó en junio su informe «Vida en la Necrofrontera» en el que denuncian los férreos controles en la fronteras. En el primer cuatrimestre de 2019 contabilizaron, al menos, 816 personas desaparecidas.

237 millones de euros entre 2002 y 2018 para la implementación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior; con la participación de empresas como Indra, Ferrovial, Atos o El Corte Inglés. El Centro Delàs de Estudios por la Paz y Novact publicaban el informe ‘La espiral de violencia de la España fortaleza‘ en el que diseccionan el coste de la militarización de las fronteras.

820 millones de personas pasan hambre. FAO presentaba en julio su informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”. La cifra de más de 800 millones de personas pasando hambre ha aumentado con respecto a años anteriores.

226 ataques a personal humanitario. Esta cifra, de 2018, es fue hecha público por el Aid Worker Security Report de USAID. Del total de víctimas, 131 personas resultaron muertas y 130 secuestradas.

500 millones de personas viven en zonas afectadas por la desertificación. El Panel Internacional sobre Cambio Climático presentó, en agosto, el informe ‘El cambio climático y la tierra‘ en el que deja clara la unión entre cambio climático y desplazamiento humano.

77,8 millones de euros en productos del comercio justo. Según datos de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, las ventas aumentaron hasta alcanzar esta cifra. A pesar del aumento, el gasto medio anual por persona está en el penúltimo puesto de Europa.

El 70% de la población pobre son mujeres y niñas. En septiembre, Intered recordaba que esta situación está directamente relacionada con la discriminación de género.

14% de los alimentos del mundo se pierden antes de llegar al nivel minorista. La FAO denunciaba en octubre en el informe SOFA 2019 el desperdicio de la comida.

0,18% de la RNB en 2018 para cooperación. Esto es lo que, según el informe AidWatch de CONCORD, España destina a esta política pública. Al ritmo actual, Europa cumplirá con su compromiso de destinar el 0,7% a cooperación en 2061. España, instalada por séptimo año por debajo del 0,2, no tiene ninguna posibilidad de alcanzarlo, si no hay un cambio urgente en la política de cooperación.

10% más rico del planeta es responsable del 50% de las emisiones de CO2 asociadas al consumo. En el marco de la COP25, Oxfam Intermón nos recordaba que una pequeña élite es 60 veces más responsable de las emisiones que el 10% más pobre.

3ºC son los grados que alcanzaremos si no se toman medidas urgentes. Acabada la COP2, Amigos de la Tierra hacía una valoración muy critica del acuerdo alcanzado, que califica como insuficiente y sin perspectivas de una mejoría de los compromisos de reducción de emisiones. Queda mucho trabajo por delante hasta la COP26 y muy poco tiempo para actuar.

*Texto elaborado por la Coordinadora estatal de ONGD.